El ex presidente de México Enrique Peña Nieto, fue acusado por Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera quien presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales.
La denuncia penal presentada contra Peña Nieto por la Unidad de Inteligencia Financiera no significa que los fiscales hayan decidido presentar cargos formales, pero el jefe de la unidad dijo que los fiscales federales recibieron la denuncia por uso de fondos ilícitos y que están investigando.
Gómez, aseguró que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto, recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente. No dijo el nombre de las empresas, pero dijo que eran una especie de distribuidora, y que el expresidente era accionista.
Agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un pariente, aparentemente vinculadas a las dos compañías, por alrededor de 1.300 millones de dólares después de dejar el cargo. Dijo que las cuentas de Peña Nieto y las de las empresas no han sido congeladas.
Ante el proceso emprendido por la UIF, Peña Nieto aseguró que aclarará los señalamientos que hay en su contra y manifestó en su cuenta de Twitter que confía en las autoridades mexicanas.
“Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, dijo el jueves expresidente al reaparecer en las redes sociales.
En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y ...
— Enrique Peña Nieto (@EPN) July 7, 2022
Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo y no se ha pronunciado públicamente sobre una serie de señalamientos.
Emilio Lozoya, director de la empresa petrolera estatal durante el gobierno de Peña Nieto, afirmó que éste y su mano derecha, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida reforma energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.
Videgaray niega las sospechas. Ninguno de los dos enfrenta cargos en ese caso.
El hecho de no haber podido condenar a ningún alto funcionario de un gobierno anterior ha sido un bochorno para López Obrador, como lo ha sido que el fiscal general Alejandro Gertz Manero no pudiera armar una acusación sobre la base de las denuncias de Lozoya.
La actitud de no tocar a Peña Nieto ha alentado las conjeturas de que López Obrador llegó a un acuerdo de caballeros con el expresidente en 2018. Peña Nieto supuestamente obtuvo una promesa de impunidad a cambio de reconocer rápidamente el triunfo de López Obrador en la elección presidencial y darle un poder inusual durante la transición.
López Obrador se ha limitado a decir que la venganza no es su fuerte y que México debe volver la vista al futuro, no al pasado.
